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InformaciĆ³n General

El gobierno nacional nuevamente en persecuciĆ³n de los discapacitados

Nuevamente el gobierno nacional vuelve a la carga en contra de la pensiones para las personas con discapacidad

El Gobierno vuelve nuevamente a instalar la supuesta necesidad de recortar las pensiones de invalidez, con el supuesto argumento de que necesita limpiar el sistema. Después de ampliar la lista de requisitos para los beneficiarios, la Agencia Nacional de Discapacidad estableció un nuevo circuito burocrático para los futuros beneficiarios. Según aclaran las diferentes organizaciones que suelen acompañar a las personas con discapacidad, esta medida “no tiene un efecto retroactivo”.

 La nueva resolución que lleva el número 39/2019, con fecha del 31 de enero, establece la creación del Circuito de Confección del Certificado Médico Oficial (CMO), como así también del nuevo Formulario Certificado Médico Oficial. Estos mecanismos fueron presentados en declaraciones periodísticas como un “control de fraudes”, para que de esta manera se verifiquen los certificados presentados por quienes hoy son beneficiarios de pensiones no contributivas, que en la actualidad llegan a ser más de 1.5 millones de personas. La resolución aclara que el sistema de trámites aplica a todas las solicitudes “que se inicien a partir de la publicación de la presente”.

Según Varina Suleiman, abogada de la Red  por los Derechos de las Personas con discapacidad (REDI) “es necesarios llevar tranquilidad a los titulares de pensiones por invalidez que tienen certificado de discapacidad, ya que ese trámite no es para control como se publicita en algunos medios, rige para el futuro, como lo dice claramente el artículo 3 de la resolución y como lo garantiza el principio  de irretroactividad de la ley, piedra angular del estado de derecho”.

La doctora Suleiman recalcó además en que la medida mantiene la idea de “recortar derechos a futuro” con más trámites burocráticos”.

El recorte a las personas con invalidez es uno de los objetivos que se impuso este gobierno desde que asumió, recordemos que en el año 2017 la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stenley, dio de baja a 170 mil pensiones por invalidez, un medida que fue repudiada por amplios sectores de la sociedad y que luego fue rechazada por el Poder Judicial. Obviamente le Ejecutivo apeló el fallo de la jueza Adriana Cammarata, que le exigía restituir en un plazo de diez días todas las pensiones, y estableció que todo aquel que hubiera sido notificado de una baja, se presentara a realizar nuevamente el trámite.  

 

 

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